Miles de personas se movilizaron el pasado sábado en Sanlúcar contra los vertidos mineros al Guadalquivir
Bajo el lema ‘No a los vertidos mineros al Guadalquivir’, una protesta multitudinaria reunió el sábado en Sanlúcar a colectivos ecologistas, pescadores, representantes municipales y ciudadanos preocupados por el impacto ambiental y económico que podrían provocar los proyectos de vertidos mineros previstos en el río Guadalquivir por las explotaciones de Mina Los Frailes, en Aznalcóllar, y Cobre Las Cruces, en Gerena.
La manifestación, convocada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, se desarrolló pese a la lluvia y contó con el respaldo de ayuntamientos de localidades ribereñas y de la desembocadura del río, entre ellas Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota y Coria del Río.
Las organizaciones denunciaron que los nuevos proyectos de vertidos supondrían un incremento sin precedentes de la contaminación por metales pesados en el estuario del Guadalquivir, poniendo en riesgo ecosistemas clave, la actividad pesquera y agrícola del Bajo Guadalquivir y el entorno del Parque Nacional de Doñana.
Los convocantes sostienen que el estuario ya presenta niveles preocupantes de contaminación derivados de vertidos mineros anteriores. En este sentido, citaron un estudio elaborado por investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, que detectó concentraciones de plomo superiores a los límites permitidos por la Unión Europea en albures, una especie de pescado de consumo habitual en municipios ribereños. El informe también constató niveles de arsénico próximos al máximo legal en galeras, un crustáceo ampliamente consumido en la zona.
Las organizaciones alertaron de que la acumulación de metales pesados en los sedimentos del río podría multiplicarse por diez con la entrada en funcionamiento de ambos proyectos. Aseguran que las características hidrológicas del estuario favorecen la retención de estos contaminantes, debido tanto a la dinámica mareal como al efecto de la presa de Alcalá del Río y al denominado “tapón salino” en la desembocadura.
Los colectivos ecologistas y pesqueros criticaron además que las autorizaciones ambientales concedidas no contemplen el impacto conjunto de ambos vertidos ni los efectos acumulativos sobre la biodiversidad y la salud pública. También acusaron a la Junta de Andalucía de actuar con “falta de transparencia” y de ignorar las advertencias científicas y sociales relacionadas con estos proyectos.
Entre sus principales demandas, las entidades reclamaron la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria inmediata y la creación de un comité técnico-científico independiente que evalúe los posibles efectos ambientales, sanitarios y económicos de los vertidos previstos.
La protesta celebrada en Sanlúcar supone un nuevo episodio en la creciente contestación social frente a los proyectos mineros vinculados al Guadalquivir, un río cuya actividad pesquera, agrícola y ecológica resulta estratégica para numerosas localidades andaluzas