El sábado tiene lugar en Sanlúcar de Barrameda una manifestación contra los vertidos mineros en el Guadalquivir
Sanlúcar de Barrameda acogerá el próximo sábado, 9 de mayo, una manifestación para protestar contra los vertidos mineros previstos en el río Guadalquivir. La movilización, que partirá a las 12:00 horas desde Bajo de Guía, pretende “alertar sobre los riesgos ambientales y socioeconómicos asociados a la actividad extractiva en la provincia de Sevilla”. La convocatoria está respaldada por la cofradía de pescadores de Sanlúcar de Barrameda, la Asociación Cívica Salvemos el Guadalquivir, así como Greenpeace y Ecologistas en Acción.
Entre los motivos de la protesta se encuentra la reapertura de la mina de Aznalcóllar, así como la actividad de la mina de Gerena, situadas a unos diez kilómetros de distancia entre sí. Según los convocantes, ambas explotaciones prevén extraer durante cerca de dos décadas alrededor de 76 millones de toneladas de mineral, incluyendo cobre, plomo, cinc y plata. En relación a ello, denuncian que “los residuos generados podrían acabar afectando al estuario del Guadalquivir, con consecuencias para el ecosistema y las poblaciones ribereñas”.
Los convocantes de la manifestación reclaman la paralización de los nuevos vertidos mediante una moratoria, así como la creación de un comité independiente de expertos que evalúe de forma rigurosa los posibles impactos ambientales. Consideran que están en juego tanto la salud del ecosistema como miles de empleos vinculados a la pesca, la agricultura y el turismo en la zona. Hasta el momento, apuntan, estas demandas no han sido atendidas por las administraciones competentes, lo que ha motivado la convocatoria de la protesta.
Los organizadores señalan que los vertidos procedentes de la mina de Gerena entre 2009 y 2023 ya habrían provocado contaminación en el estuario y advierten de que los nuevos vertidos autorizados podrían multiplicar ese impacto.
Las entidades convocantes refieren que investigaciones realizadas por científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada apuntan a la presencia de metales pesados en los sedimentos del Bajo Guadalquivir y que, según estos estudios, una parte significativa de especies, como los albures o lisas, presenta concentraciones de plomo superiores a los límites legales establecidos.
Las estimaciones difundidas por los convocantes cifran en unos 120.000 millones de litros el volumen total de vertidos previstos a lo largo de unos 18 años. Alertan especialmente sobre una primera fase en la mina de Aznalcóllar, en la que “se liberarían grandes cantidades de agua contaminada acumulada en antiguas explotaciones, lo que podría generar un impacto inmediato de elevada magnitud”.
Aunque los vertidos serían sometidos a procesos de depuración, los colectivos advierten de que contendrían sustancias tóxicas como arsénico, plomo, mercurio o cadmio, con capacidad de persistir en el medio y acumularse en los organismos vivos. En este sentido, cuestionan la validez de los estudios de impacto ambiental aprobados por la Junta de Andalucía, al considerar que subestiman el comportamiento real de estos metales en el río.
Así mismo apuntan que los expertos citados sostienen que los metales pesados tienden a adherirse a las partículas en suspensión y depositarse en el fondo, donde pueden permanecer durante largos periodos antes de ser removilizados por crecidas del caudal. Este proceso, advierten, podría prolongar los efectos de la contaminación y extenderlos hasta la desembocadura.