La Junta anuncia que las cinco escuelas infantiles que pasan a gestión de la Junta contarán con 98 profesionales para atender al alumnado
La Delegación Territorial de Educación ha informado que las Escuelas Infantiles Rocío Jurado (Chipiona), Mediterráneo (Almería), La Atunara (La Línea de la Concepción), La Andaluna (Sevilla) y El Faro (Torrox), cuya gestión ha recuperado la Consejería de Educación y Deporte para la red pública a partir del curso 2019-20, contarán con un total de 98 profesionales, ampliando así las plantillas en un 25 trabajadores para atender de la mejor forma las necesidades educativas del alumnado. En total, la oferta de estos centros suman 574 plazas y 39 unidades. De esta forma, son 171 las Escuelas Infantiles públicas de titularidad de la Junta de Andalucía.
Los cinco centros, informa en nota pública, contarán con Educadores, Técnicos Especialistas en Educación Infantil, jefe de cocina, auxiliares, personal de limpieza y personal de apoyo, además de un director de centro. Se trata de profesionales con experiencia y titulación provenientes de la bolsa de trabajo que ya existe para gestionar las bajas y vacantes de las Escuelas de Gestión Propia de la Junta de Andalucía, y a la que han accedido por mérito y capacidad.
El anterior Gobierno de la Junta, prosigue la información facilitada, privatizó el servicio de estas escuelas infantiles, que salieron de la red pública para ser gestionadas por empresas privadas, de las que dependían los contratos de los 73 trabajadores que hasta ahora formaban parte de sus plantillas. Apunta además que “un informe de intervención del año 2016 ya advirtió a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) de la situación irregular de estas escuelas, sin que la anterior Administración afrontara el problema, como se ha hecho ahora, con una solución basada en criterios técnicos y jurídicos, apoyada por la mayor parte de los sindicatos”.
La Delegación Territorial señala que el consejero Javier Imbroda expresó su intención de explorar las posibilidades de encontrar una fórmula legal que permitiese mantener a las 73 trabajadoras de las empresas privadas que gestionaban estos centros, intentado lograr una solución hasta el último minuto a través de un contrato de urgencia. Finaliza diciendo que, “debido a los plazos legales, suponía sin embargo dejar estas cinco escuelas cerradas y, por lo tanto, desatender a los niños y a sus familias, durante varios meses, y únicamente postergar el despido de estas trabajadoras por la fórmula de gestión irregular elegida por el anterior Gobierno andaluz”.