Presentan un estudio científico que cuestiona los vertidos mineros al estuario del Guadalquivir y anuncian acciones ante la Fiscalía

Un grupo de investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada han presentado en la mañana de hoy martes en el Rectorado de la Universidad de Sevilla las conclusiones de un estudio científico que cuestiona las autorizaciones de vertidos mineros al estuario del Guadalquivir. El trabajo sostiene que los permisos concedidos para descargar residuos desde las minas de Cobre Las Cruces y Los Frailes, denominación actual del proyecto de Aznalcóllar, carecen de base científica y están mal fundamentados. Además, durante la presentación pública del estudio se anunciarán la interposición de acciones ante la Fiscalía para esclarecer posibles responsabilidades.

Según los autores, los vertidos autorizados han provocado ya contaminación en el estuario y podrían agravar el deterioro de la desembocadura del río, en contradicción con lo defendido por las empresas mineras y por la Junta de Andalucía. El estudio ha sido publicado en la revista científica internacional Integrated Environmental Assessment and Management, vinculada a la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental de Estados Unidos.

La investigación, firmada por nueve científicos de las tres universidades andaluzas y del Acuario de Sevilla, concluye que los sedimentos del estuario presentan “altas cargas de metales ecotóxicos”, asociadas al vertido de aguas tratadas procedentes de la mina Cobre Las Cruces. Según el artículo, esta explotación ha descargado desde 2009 hasta 0,9 hectómetros cúbicos anuales de agua con metales y metaloides. Los investigadores señalan que las concentraciones de arsénico, cobre, cromo, níquel y plomo disminuyeron tras el colapso accidental de la corta minera en 2019, pero volvieron a aumentar cuando se reanudó la actividad.

El estudio advierte también de riesgos para la salud humana y la pesca. En las muestras analizadas de lisa, un pez muy consumido en la zona, el 31% presentaba niveles de plomo por encima del límite legal establecido por la normativa europea. Además, se detectaron concentraciones relevantes de metales como cadmio, cobre y zinc en crustáceos y moluscos del estuario, entre ellos el camarón del Guadalquivir y el cangrejo rojo.

Los investigadores alertan de la vulnerabilidad de los hábitats del estuario, como los bosques de ribera y las marismas, así como de la exposición de especies protegidas como la nutria paleártica y diversas aves limícolas. El artículo advierte además de que los metales podrían alcanzar el Golfo de Cádiz e incluso el mar de Alborán, con posibles efectos sobre la pesca y la acuicultura.

El trabajo explica que gran parte de los metales vertidos no permanece disuelta en el agua, sino que se adhiere a partículas de barro y arcilla que se depositan en el fondo. El estuario interior del Guadalquivir actúa, según los científicos, como una “trampa natural” donde los contaminantes tienden a acumularse debido a su bajo nivel de oxígeno, escasa salinidad y limitada renovación de agua.

A esta situación se suma el bajo caudal del río, que provoca que el agua del estuario tarde más de cien días en renovarse. La presión agrícola y los periodos de sequía reducen además la entrada de agua dulce, lo que facilita la penetración del agua marina río arriba.

Ante estos resultados, los autores recomiendan evitar cualquier vertido minero en el Guadalquivir hasta contar con estudios de campo concluyentes. También proponen establecer una moratoria sobre los vertidos recientemente autorizados por la Junta de Andalucía. Asimismo, plantean la creación de un comité científico independiente que asesore a la administración regional y recomiendan analizar en profundidad la contaminación detectada antes de mantener el consumo de la lisa.

A la rueda de prensa asistirán alcaldes y representantes de municipios ribereños como Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Los Palacios y Lebrija, junto a entidades como Fecopesca, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, FACUA Andalucía, COAG Andalucía, Greenpeace, Ecologistas en Acción y la asociación ciudadana Salvemos el Guadalquivir, además de colectivos de mariscadores, comerciantes y organizaciones vinculadas a la defensa de la sanidad pública y del agua.