El Partido Andalucista alerta sobre la posibilidad de que se lleve a efecto la sentencia de derribo de las viviendas ilegales
El Partido Andalucista de Chipiona ha alertado sobre la posibilidad de muy pronto se dicte una sentencia del Tribunal Supremo sobre el derribo de viviendas ilegales quien sea Alcalde de Chipiona se verá obligado a cumplir. La formación considera que, en caso de producirse órdenes de derribo, su ejecución puede generar «situaciones verdaderamente dramáticas para las familias afectadas, que pueden verse literalmente en la calle».
Los andalucistas han manifestado que apoyarán cualquier iniciativa a favor de estas familias, como ya hicieron en ocasiones anteriores buscando fórmulas de diálogo entre los distintos grupos políticos para intentar resolver esta situación.
La formación recuerda que el Ayuntamiento de Chipiona entregó en 2007 a la Fiscalía de Medio Ambiente unos 300 expedientes de viviendas ilegales sobre terrenos no urbanizables. Con ello, el Consistorio quería hacer frente al caos urbanístico que había vivido Chipiona en las últimas dos décadas.
En un escrito remitido al delegado de Obras Publicas de la Junta en Cádiz, el PA afirma que el entonces Alcalde de Chipiona, Manuel García (PSOE), decía que «buena parte de la responsabilidad es del propio Ayuntamiento, no sólo porque hayamos estado más de 20 años sin aprobar un nuevo PGOU, sino porque hemos podido dar la impresión equivocada de que la construcción ilegal era una práctica tolerada, cuya sanción consistía exclusivamente en el pago de una multa».
Manuel García, continúa, expresaba su preocupación «por la difícil situación social y humana» y pedía asesoramiento. Posteriormente, se trató la posibilidad de normalizar la situación de algunas de ellas, que se encontraban prácticamente integradas en el núcleo urbano, mediante la redacción de planes parciales o modificaciones puntuales del Plan de Ordenación Urbana.
Sin embargo, otros crecimientos irregulares masivos, como los de El Pinar o Los Majadales, no podrían ser recalificados. Sobre ellos, el propio Ayuntamiento denunció el incumplimiento de la Ley del Suelo. «Sería la fiscalía la que actuaría de oficio, incluso contra los técnicos y responsables políticos que se hayan mantenido al margen de la situación».
El alcalde fue llamado a declarar en los juicios celebrados, en calidad de testigo, a fin de que confirmara la validez de los expedientes municipales de infracción urbanística. La mayor parte de ellos quedaron vistos para sentencia y se esperan los fallos judiciales en breve.
Los vecinos afectados crearon también en su día una plataforma desde la que ejercer de manera coordinada las acciones de defensa.