Los trabajadores de la Mancomunidad afirman que la presidenta intenta eludir las sentencias chantajeándoles
Los extrabajadores de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir consideran que María José Fernández, presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, aprovechándose de su desesperación ha realizado una propuesta chantaje por la que si quieren cobrar, deben renunciar a una parte de lo les corresponde y a toda acción legal contra ella y contra los demás alcaldes.
Los exempleados del ente explican que tras un año entero sin cobrar los salarios, realizó un despido colectivosin pagar las indemnizaciones a las que tenían derecho, lo que les obligó a ir a los tribunales, y dijo abiertamente que no pagaría hasta que los jueces lo ordenaran. Dos años después, prosiguen, de dejarnos en estado de extrema precariedad, los jueces ordenaron y ya hay sentencias firmes que reconocen nuestros derechos, pero Fernández no las cumple. Y meses después, justo cuando los jueces podrían ya actuar penalmente contra ella y los demás alcaldes de la Mancomunidad, a un año de las elecciones, la Junta de Andalucía les ingresa 16 millones de euros, el triple de lo que se debe a los trabajadores, pero en vez de cumplir las sentencias según el procedimiento legal establecido, María José Fernández no tiene pudor en exhibir su indecencia y falta de escrúpulos y aprovecha la extrema necesidad de los trabajadores para robarles lo que por derecho les corresponde: los intereses por no haber pagado en su momento lo que establecen las sentencias, una cantidad que para los trabajadores no es irrelevante, después de todo el tiempo transcurrido desde entonces. Sin embargo, afirman, para los Ayuntamientos es ridícula teniendo en cuenta los 52 millones de deuda que han dejado.
Los extrabajadores dicen que este es el último miserable episodio del drama de la Mancomunidad, un organismo que durante veinticinco años ha proporcionado enormes recursos a la comarca, pero que la irresponsable gestión de políticos y gerentes ha llevado a la ruina. Ni jueces ni fiscales han tomado cartas en este asunto hasta ahora para depurar responsabilidades.